Caso IEM: Coyunturas a la vista.

Posted on 9:28 by Hugo Triano Gomez | 0 comentarios

Hugo Triano Gómez. 


La determinación de incompatibilidad es de acuerdo a los preceptos legales más antiguos, un instrumento para procurar la eficiencia de algún funcionario, legislador o gobernante, uno que busca mantener la independencia de actuar, que sirve para librarlo de conflictos de interés; en suma, es una herramienta para combatir la corrupción. En el caso de Leticia Romero Rodríguez, la Directora del Instituto de la Mujer en Tabasco, no tiene porqué ser distinto.
Por ello es importante distinguir que si bien la acusación contra la ex consejera local del IFE ha subido de tono, y hasta pudiera considerarse de tipo político, no presenta indicios de ser misógina. Incursionar en ese terreno amén de peligroso no haría más que distraer la atención de lo verdaderamente importante: Aclarar el asunto. 
Ahora parece tarde reparar en el hecho de que meter al IEM en la dinámica del escándalo, de la duda, no favorece a nadie. Empero el mismo gobierno de Arturo Núñez permitió que un instituto en consolidación fuera tomado como “sparring”.
Y es que desde el principio la escena seguramente fue calculada por el gobernante tabasqueño, promotor legal y “tradicional” -por aquello del dedo- de la llegada de Romero Rodríguez a la dirección del IEM y sin embargo decidió correr el riesgo. No es posible, ni por error, sostener que Núñez no conocía de los vínculos académicos de la Doctora con más de una Universidad y del aspecto ético de la “cosa” y sin embargo no le “sugirió” solicitar al menos una licencia, ya no se diga de su parentesco político con el Secretario de educación: Rodolfo Lara Lagunas. Ahí están las consecuencias.
Dejando de lado el poder fáctico, es vital entender que a estas alturas los que deben aparecer son los dictámenes de compatibilidad que debió realizar la contraloría estatal y las instancias federales que etiquetan recursos para el ejercicio del organismo, en aras de despejar las dudas. Haberlos omitido significará un nuevo traspié al dicho del gobierno de querer hacer bien las cosas.
También vale la pena decir que en apariencia no hay aún algún indicio para iniciar una causa penal contra Romero Rodríguez; que todo se mantiene en el ámbito de lo administrativo y en la preocupación -sí- de que un conflicto de intereses pudiera afectar su trabajo y abrirle la puerta a favorecerse económicamente, de forma indebida.
Paralelamente el lado ético del asunto apunta a reconocer que la Doctora Romero ni es una funcionaria con todas sus baterías puestas en el IEM, ni es mentora de la UJAT de tiempo completo, aunque cobre como tal; aunque la Universidad la justifique y la defina como tal.
¿Porqué si otros funcionarios como la ex subsecretaria de educación media superior y superior Miriam Carolina Martínez López, “recurrió” a su año sabático ante el mismo Alma Mater para dedicarse a la encomienda que tenía en frente, nadie más opta por hacerlo? En la manera de querer comprometerse con una causa, es posible encontrar la respuesta. 
Quizás lo que debiera aprovecharse con todo esto, es la coyuntura que se abrió. Dejar de ser laxos -desde la ley- no exigentes con los funcionarios públicos y permitirles hacer lo que sus conciencias les dicten. Basta hacer memoria sobre el actuar de un sin fin de ellos, para ponerle rostro a la máxima aquella de que “les dieron la mano y se agarraron el pie”. En otras palabras, ante la necesidad de resultados en un estado como Tabasco ¿quién se opondría a exigirle a los funcionarios, un compromiso total de forma y fondo con lo que hacen, a que decidan si desean mantener su prestigio privado o darle el carácter de apostolado a la administración pública?.
Empero en el pantano todo suele significar un mayor esfuerzo. Será difícil que los diputados puedan ponerle freno a casos como este, cuando ellos mismos no han dejado de saltar de posición en posición y quizás más adelante puedan verse inmersos en algo similar. Dicho sea de paso, es factible que ante un posible nuevo triunfo de la izquierda en las elecciones intermedias, Leticia Romero sea ratificada 3 años más al frente del instituto.   
De colofón habrá que decir que también algunas falsedades parecen haberse colado al asunto, desnudando el interés político del que se habló al principio. Es el caso de las denunciadas ganancias acumuladas por la directora del IEM y que según su antagonista -dirigente del panal y ocupante de una de las carteras del SNTE- Juan Jacinto Bautista, rebasa los 101 mil pesos colocándola por encima de lo que el mismísimo gobernador Núñez recibe cada mes. 
Baste mencionar que lo irregular sería que por su solo actuar en el gobierno, la dama obtuviera mayor remuneración que el jefe del ejecutivo tabasqueño, cosa que no sucede. De nuevo mejor habría que retomar -desde el Congreso- el proyecto aquél de la ley de salarios máximos que la misma plutocracia tabasqueña frenó hace unos años y que impidió revisar al menos de una manera profunda, el asunto de sueldos y prestaciones, no por “encimita” como suele hacerse, en los ámbitos estatal y municipal, no solo en los burros… de mi compadre. 

APPs: Pasado, presente y futuro.

Posted on 10:56 by Hugo Triano Gomez | 0 comentarios

 

Hugo Triano Gómez. 



La reciente aprobación de la ley de APPS dada en Tabasco a iniciativa del gobernador Arturo Núñez, no da pie a ambigüedades. Corrobora lo que hace algunos meses se advirtió y “casi” siempre ha sucedido. Que el que gobierna no es el mismo que aspiró, que aquél que aún es candidato a dirigir una nación, un estado.
La sentencia se confirma en el hecho de que el entonces Senador Núñez se opuso a la aprobación de la norma federal, antecedente de la que ahora es realidad en la entidad que gobierna. La misma que abre las puertas a lo que criticó.
¿Pero porqué Núñez actuó de una manera antes y de otra después? La escena tiene que ser observada con la visión de fines del 2011 para comprenderla, más allá de que el Secretario de gobierno Raúl Ojeda justifique en la evolución del pensamiento humano -en la rectificación- el viraje en el proceder Nuñista.
Es necesario recordar que para entonces Enrique Peña Nieto había sido ungido por los príistas como su candidato a la presidencia, que el Presidente Felipe Calderón era insistente en su preocupación por la falta de definición de los legisladores respecto al tema, siendo que en su óptica éste generaría empleos -ya en el año electoral- y provocaría derrama económica además de acuerdos transexenales. Del lado del Perredismo duro, comandado entonces ideológicamente por el ahora Morenista López Obrador, la tónica fue de oposición. Ahí justamente puede inscribirse la actuación de Núñez, que mostrando lealtad a su líder rechazó la idea en la lógica de no permitir “más beneficios” al llamado PRI-AN y en especial a Peña Nieto.
En otras palabras el Senador Núñez siguió la línea Obradorista, quizás siendo desde entonces partidario de la privatización de los servicios públicos y comprendiendo que el apoyo de aquella sería vital para sus aspiraciones en el pantano choco. Lo demás es claro, su afinidad a las Asociaciones Público- Privadas estaban reservadas para sus tiempos de gobernador, lo mismo que los pasos a un costado que su administración ha dado respecto al Tepetiteco, restándole sí, algo de su peso específico al menos en su gestión.
A todo esto hay que decir que si bien las disposiciones reglamentarias debieran ser lo más exhaustivas que se pudiera tratando de reducir los márgenes de maniobra para la corrupción, con el papel de “aval sin medida” asumido por las bancadas mayoritarias de izquierda en el congreso local, el ejecutivo tabasqueño tiene una peligrosa manga ancha que puede explotar. Sin mecanismos de control claros y sanciones ejemplares como se presume se emitirá el reglamento, la buena fe parece insuficiente.
El papel del poder legislativo quedó con todo esto de nuevo en entredicho al oponerse a la discusión amplia del asunto, con todo y que los foros previo a la aprobación de una norma suelen ser infructuosos, simple gasto en Tabasco. Ya no se diga por la falta de un debate de fondo entre los legisladores, que se limitó a un programa de radio y a tres o cuatro actores de la política.
En un apartado final deberá considerarse la disyuntiva entre lo que es preferible partiendo de la quiebra heredada, pero también de la duda del manejo “escrupuloso” de los recursos en el nuevo gobierno. ¿Es acaso preferible que la administración tabasqueña con sus manos metidas, siga haciendo obritas a precios -quizás- exorbitantes, sin compromisos de rentabilidad y recurriendo a la deuda con intereses o apueste por las inversiones de "gran envergadura", cediendo derechos, sin comprometer más y formalmente el presupuesto, así como auspiciar el derroche del erario? ¿De qué tamaño será el espejismo o la realidad?. Solo el tiempo lo dirá.  Él mismo se encargará de exhibir las verdades y mentiras del caso y de desnudar a los ladrones -si es que los hay- que juraron no beneficiarse de la norma y terminaron haciendo lo contrario.  
Por lo pronto el nuevo Centro de Convenciones, llamado a ser el primer gran pastel a degustar por los hombres del dinero bajo las nuevas reglas, dejará a muchos con la pupila dilatada y el paladar escurriendo, viendo danzar los millones, oliéndolo si acaso, pero  sin poder… disfrutar.

DIF Tabasco: Escándalo creciente.

Posted on 9:43 by Hugo Triano Gomez | 0 comentarios


Hugo Triano Gómez. 


Lo sucedido en el DIF Tabasco con la adquisición del programa de desayunos escolares 2013 tuvo ya una sanción, con todo y que pueda resultar mínima y no definitiva. El gobierno de Arturo Núñez, es cierto, bien podría emplear en su defensa el dicho de que a diferencia de la gestión de Andrés Granier, sí investigó y procedió; no obstante que por ser este un gobierno “diferente” está obligado a ser implacable y a demostrar que se fue exhaustivo y que no solo se hallaron chivos expiatorios.
De inicio hay que subrayar que como antaño, los órganos de control interno de dependencias como el citado DIF y la de carácter estatal quedan en evidencia en asuntos como éste, amén de exhibirse poco eficientes, un lujo que no puede permitirse una administración tan vertical a la hora de juzgar a la que le antecedió.
Que todo haya salido a la luz pública a través de una tercera persona, así sea antagónica a la administración actual no le resta valor, pues de no haber sido así, es probable que del asunto no se hubiera sabido nada, quizás ni se habría valorado; quizás apenas se habría de revisar hasta fines de año, cuando todo habría sido minimizado de nuevo bajo el precepto de que la irregularidad ya fue “solventada”.
Es verdad que la contraloría estatal no ha advertido en sus pocas palabras sobre el hecho que se trate de un caso de tráfico de influencias por parte del director jurídico e integrante del comité de compras del sistema DIF, Sergio Pulido Pérez. Su titular Lucina Tamayo alcanzó apenas a ubicar lo ocurrido como una omisión de Sergio Pulido al no advertir su afinidad con el propietario de la empresa que curiosamente se adjudicó los más de 20 millones de pesos que dejó el contrato. ¿Cómo se llegó a la conclusión? ¿No se encuadraban otras figuras legales en los hechos? ¿Porqué a cuenta gotas y a regañadientes se exponen argumentos que dejan más dudas que certezas? ¿Se revisó acaso -por citar algo- la situación patrimonial del aludido para determinar que no hubo un interés oscuro en la referida omisión? Es quizás tiempo de recordar que por definición, abusar del poder, alterar un proceso natural o ideal, es corrupción y que quien la tolera se vuelve cómplice y responsable de ella. 
Tampoco puede pasar de noche el hecho de que lo que aquí se observa ocurre en la dependencia quizás más noble que por definición tiene un gobierno en México y en la cual -debe admitirse- la condición humana le ha restado credibilidad. Es así, porque no basta ya decir sin demostrar que ahí todo está bien, que ahí no pasa nada.
Es de suponerse también que el que el priísta Mario Llergo haya vinculado al yerno del gobernador Núñez y a su hija misma en el tráfico de influencias que ve, no haya sido de la gracia del jefe del ejecutivo tabasqueño, ya no se diga que el “escándalo” se esté dando en la dependencia que encabeza su esposa Martha Lilia. En pocas palabras, que le estén dando donde más le duele. Llergo deberá estar consciente ante lo exhibido que más que una piedra en el zapato se ha convertido ya en un ex funcionario que debe no tener pendientes por su quehacer reciente, ni cola que le pisen.
Al final, quizás la luz en el sendero la aporte la intervención en todo esto de la Secretaría de la Función Pública, si es que se desea mantener la fe en las instituciones. Quizás ella pueda determinar si las relaciones de “alta sociedad” exhibidas, esconden en verdad algo de irregular entre sí o todo se trata de un nuevo golpe mediático a unos meses del inicio de los procesos electorales. Quizás ella pueda dilucidar si estuvo bien sancionar con un mes de suspensión y sin salario a quien a ojos de la autoridad tabasqueña, no hizo nada grave, no importa que haya agravado en otro plano, la desconfianza en un gobierno que aún mantiene deudas diversas… con sus electores.